El artículo 81 del Código Civil establece que el divorcio se decretará judicialmente, cualquiera que sea la celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro.

Existen dos tipos de divorcios, contencioso y el de mutuo acuerdo, de tal forma que no existe un mismo procedimiento para su tramitación.

EL DIVORCIO CONTENCIOSO

Se inicia con la interposición de demanda por uno de los cónyuges, la misma debe contener una petición de medidas, que regule los efectos del divorcio. Una vez presentada la demanda, se le dará traslado al demandado, es decir, al otro cónyuge que dispone de un plazo de 20 días hábiles para contestar por escrito. Una vez, presentada la contestación, se procederá a fijar fecha para la celebración de la vista de juicio. Una vez celebrado el acto del juicio, el Juez dictará sentencia.

Hay que tener en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, los interesados pueden solicitar al Juzgado que transforme el procedimiento contencioso de divorcio en un procedimiento de mutuo acuerdo, teniendo que presentar una propuesta de convenio regulador.

Asimismo, junto con la demanda de divorcio contencioso cabe la posibilidad de solicitar unas medidas provisionales destinadas a regular la situación y/o circunstancias existentes entre ambos cónyuges o respecto a los hijos comunes, que serán sustituidas por las definitivas que se acuerden en la sentencia de divorcio.

EL DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO

El divorcio de mutuo acuerdo, en cambio, se inicia por la interposición de demanda por ambos cónyuges, con la que se acompañara una propuesta de convenio regulador en el que se recogerá todas las medidas que regularan los efectos del divorcio, y que habrán sido objeto de previo acuerdo entre ambos cónyuges. Una vez admitida la demanda, se procederá a fijar fecha para la ratificación de la propuesta de convenio regulador ante el Letrado de la Administración de Justicia. Una vez ratificado el convenio regulador, el Juez dictará sentencia de divorcio conforme a lo ratificado.

En ambos procedimientos, para el caso de que haya hijos menores o incapacitados, ha de intervenir el Ministerio Fiscal. Asimismo, se necesita abogado y procurador.

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