Hasta el momento, según la doctrina que el Tribunal Supremo había fijado como criterio a seguir para la reclamación de los gastos hipotecarios, los gastos que se podían reclamar con ciertas garantías de éxito, eran los siguientes:

  • Gastos de Notaría (importe asumido al 50%  entre consumidor y entidad bancaria).
  • Gastos de Gestoría (importe asumido al 50% entre consumidor y entidad bancaria).
  • Gastos de Registro de la Propiedad (importe asumido al 100% por la entidad bancaria).
  • El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (importe asumido al 100% por el consumidor).

Sin olvidar que previamente a la restitución de estos importes se debía declarar la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios.

Una vez se dicta la Sentencia por el TJUE el pasado 16 de julio de 2020, entre otras cuestiones que se tratan en la sentencia, se confirma la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios al amparo de la Directiva 93/13, matizando, y esto es lo más importe que, un Tribunal nacional no puede moderar una cláusula que es abusiva. Por lo tanto, si una cláusula es nula, se deben restituir todos los gastos pagados. En atención a esta sentencia los gastos que se pueden reclamar serían los siguientes:

  • Gastos de Notaría (importe asumido al 100% por la entidad bancaria).
  • Gastos de Gestoría (importe asumido al 100% por la entidad bancaria).
  • Gastos de Registro de la Propiedad (importe asumido al 100% por la entidad bancaria).

En cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe ser asumido íntegramente por el consumidor, como hasta ahora.

Además, la Sentencia también se ha pronunciado sobre la COMISIÓN DE APERTURA de una hipoteca. Dicha comisión en numerosas ocasiones también se carga al cliente al inicio del préstamo hipotecario, cuyo importe suele ser consecuencia de la aplicación de un porcentaje sobre el capital total prestado. La entidad bancaria suele justificar el cobro de dicho importe indicando al consumidor que se trata de la prestación de un servicio. Sin embargo, normalmente no se corresponde con la prestación de ningún servicio de gestión.

Para que esta comisión no sea declarada abusiva, la entidad bancaria deberá justificar que efectivamente prestó un servicio concreto, pues de lo contrario, un juez podrá declarar dicha comisión como abusiva, y, la entidad deberá restituir el importe que cobró por dicha comisión.

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